Cerca de 700.000 españoles residentes en el extranjero están llamados a votar en las las elecciones autonómicas del próximo 22 de mayo, una vez que la reciente reforma de la Loreg impide su participación en los comicios municipales. De todos ellos, el PP estima que apenas un 15 por ciento ejercerá su derecho al voto después de completar un proceso de petición de papeleta más complejo que el que existía hasta ahora pero con mayores garantías, porque a diferencia de consultas anteriores, podrán votar bien por correo o en las urnas que a tal efecto instalen las oficinas consulares o aquellos lugares que se habiliten para ello.
A pesar de la escasa implicación electoral de los residentes fuera de España —en las generales de 2008 la participación alcanzó un exiguo 30 por ciento— lo cierto es que ese puñado de votos puede determinar no solo la victoria de un partido sobre otro, sino incluso el color político de algunos gobiernos autonómicos, según la proyección que ha hecho el departamento del PP en el Exterior, dirigido por Alfredo Prada. En un total de seis Comunidades, a las que hay que sumar Melilla, el voto de los residentes ausentes (CERA) se antoja fundamental. Son el caso de Canarias, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid, Valencia.
Son dos los diputados que elige el voto emigrante en Asturias, unos comicios que se prevén allí de infarto y que dependerán de la aritmética de las sumas.
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